Ajuste fiscal, expansión extractiva y recortes ambientales profundizan la vulnerabilidad social y climática de Argentina.
Del lunes 13 al 18 de abril tendrán lugar las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), con Argentina nuevamente en un contexto de fragilidad macroeconómica, tensiones sociales crecientes y dudas sobre la sostenibilidad de la deuda y la orientación de las recomendaciones del organismo para el país.Durante estos días tendrá lugar una nueva revisión del acuerdo vigente entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado en abril de 2025 bajo el esquema de Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés). En este marco, el país espera la evaluación técnica del organismo y se retrasa el desembolso de 1.000 millones de dólares. El programa tiene una duración de 48 meses y un monto total de 20 mil millones de dólares, equivalente al 479% de la cuota del país en el organismo.
La revisión del acuerdo se produce, además, en un marco de tensiones sociales: la desocupación aumentó 1,1 puntos porcentuales tras la recesión de 2024, la informalidad alcanzó el 43% del empleo y los salarios reales continúan estancados, según datos del INDEC en base al informe del cuarto trimestre del 2025. Las políticas de ajuste fiscal y laboral debilitan la capacidad estatal y profundizan la desigualdad, mientras que los sectores extractivos avanzan sin mayores encadenamientos productivos ni control ambiental.
Tras ocho años de programas con el FMI (2018–2026), el país no ha logrado estabilizar su economía ni recuperar el acceso a los mercados de capitales. El acuerdo de 2025, firmado sin los controles y debates previstos, consolida a Argentina como principal deudor del organismo, concentrando más de un tercio de sus créditos vigentes y evidenciando el fracaso de los programas previos (Stand By 2018 y Facilidades Extendidas 2022).
Julia Gerlo, miembro del equipo de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señala que una dimensión que suele quedar invisibilizada en el debate es la presión estructural que ejerce la deuda sobre el ambiente y el clima. En este sentido, advierte que las políticas aplicadas bajo el acuerdo consolidan un patrón de crecimiento dependiente de sectores extractivos -energía, minería y agroindustria- con bajo impacto en el empleo y altos costos sociales y ambientales. Al mismo tiempo, se observa un debilitamiento institucional que compromete la efectividad de cualquier política pública.
A esto se suma un problema de origen: el acuerdo de 2018 y 2025 con el FMI fue aprobado sin pasar por el Congreso, en contradicción con la Ley 27.612, y varias de sus reformas enfrentan cuestionamientos judiciales. Esto introduce un factor adicional de incertidumbre respecto de su implementación y refleja un debilitamiento institucional que pone en riesgo la posible judicialización del acuerdo en el futuro.
El ajuste fiscal redujo el presupuesto ambiental a apenas 0,033% del gasto total, debilitando la capacidad del Estado para prevenir incendios, proteger los bosques o responder a emergencias climáticas. En paralelo, se impulsan reformas, como la modificación de la Ley de Glaciares, y proyectos bajo el RIGI, vinculados a hidrocarburos y minería, que ponen en riesgo reservas estratégicas de agua y ecosistemas frágiles. Esta combinación de expansión extractiva y retracción estatal profundiza la vulnerabilidad ante la crisis climática y aleja cualquier posibilidad de una transición energética justa.
Pero las tensiones del programa no son solo económicas, sociales o ambientales: también son normativas. Desde la sociedad civil se advierte que el acuerdo presenta serias dificultades para cumplir con la política de acceso excepcional del FMI. Como señala Federico Sibaja, especialista en el FMI de Recourse: “No se cumplen las condiciones básicas del programa: la deuda no es sostenible, no hay acceso a los mercados y las debilidades institucionales son evidentes”. La limitada acumulación de reservas, los elevados vencimientos de deuda y la persistente dependencia de financiamiento excepcional refuerzan este diagnóstico.
El resultado es un programa que busca estabilizar sin transformar: ajusta el gasto social, debilita la capacidad estatal y profundiza la dependencia de sectores que agravan la crisis ambiental. Lejos de corregir desequilibrios estructurales, el esquema parece consolidarlos. Como alerta Francisco Cantamutto, economista y miembro del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y de Equipo Transiciones: “El incumplimiento de la ley de financiamiento educativo evidencia un debilitamiento institucional que amenaza la previsibilidad y la efectividad de las políticas públicas”.
En este contexto, la discusión que se abre en Washington excede el cumplimiento de metas fiscales o la acumulación de reservas. Lo que está en juego es el rumbo del modelo de desarrollo: uno que combina estabilización precaria, dependencia extractiva y retrocesos en materia ambiental y social. Sin una revisión profunda, el riesgo no es solo que el programa no funcione, sino que profundice en las mismas vulnerabilidades que dice querer resolver.
A ocho años de programas con el FMI, Argentina no ha sorteado las restricciones estructurales que originaron la crisis de endeudamiento, sino que ha profundizado desequilibrios económicos, sociales y ambientales que comprometen su sostenibilidad. La combinación de austeridad fiscal, dependencia de sectores extractivos y debilitamiento institucional no ha estabilizado la economía ni mejorado las condiciones de vida, al tiempo que erosiona capacidades estatales y aumenta riesgos para el sistema democrático.